De hecho, algunos no hacen mayor análisis, pues en no pocas ocasiones, hemos visto decisiones en las que se fija un monto sin explicación alguna, sin análisis del ingreso de las partes, ni desglose de las necesidades del beneficiario. Y esto es peligroso. No solo porque contradice el deber judicial de motivar las resoluciones, sino porque puede afectar de forma directa la vida de los niños y niñas, y también la del obligado y claro de quien administra la pensión alimenticia. Una decisión desproporcionada, que no tenga sustento, puede condenar a una persona a años de morosidad, a procesos penales o a la ruina financiera. Y lo más preocupante: esas decisiones, una vez firmes, son difíciles de revertir sin que exista manera material de resarcir al administrador o al beneficiario cuando estos han sido afectados. Aclaremos, con humildad y responsabilidad, que este no es un señalamiento generalizado. No son todos los administradores de justica. De hecho, reconocemos y valoramos profundamente a aquellos jueces que, con rigor, sensibilidad y preparación, estudian cada expediente con seriedad y emiten fallos bien sustentados. Su labor es invaluable, y dignifican el ejercicio de la justicia en un ámbito tan humano y delicado como lo es el Derecho de Familia.

Pero precisamente por eso, insistimos en que este tipo de procesos exige de nosotros —jueces, abogados, partes— un compromiso profundo. Estamos hablando de vidas humanas, de vínculos familiares, de estabilidad emocional y de derechos fundamentales. El Derecho de Familia no admite improvisaciones ni soluciones cómodas. Requiere estudio, sensibilidad, empatía y sacrificio. No somos meros tramitadores: somos partícipes de un sistema de justicia en el que tenemos en nuestras manos el bienestar de niños, niñas, adultos mayores, personas con discapacidad y familias enteras. Por eso, hacemos un llamado a que, como comunidad jurídica, elevemos el nivel de la conversación, la argumentación y la decisión en estos procesos. Que exijamos motivaciones claras, basadas en la ley y en los hechos concretos de cada caso. Que defendamos el principio de proporcionalidad con fundamento y respeto. Y que, por, sobre todo, no perdamos de vista que detrás de cada expediente hay personas que esperan que se les escuche, se les comprenda y se les haga justicia.

En nuestra oficina creemos que la justicia familiar requiere vocación, compromiso técnico y un enfoque profundamente humano. Si está atravesando un proceso de pensión alimenticia y necesita orientación o representación, estamos disponibles para atenderle con seriedad, confidencialidad y respeto.